Preguntas y respuestas

El 23 de mayo de 2023, el Estado de Chile, a través de Corfo, solicitó a Codelco evaluar y proponer los mejores caminos para asegurar la participación del Estado en la explotación de litio y otras sustancias minerales en el Salar de Atacama.

Tras analizar distintas alternativas, se optó por una asociación público-privada con SQM, empresa chilena con más de 25 años de experiencia en la producción de litio en el Salar de Atacama, que cuenta con la escala operacional, experiencia técnica y humana, capacidades financieras y red de comercialización necesarias para que Chile aproveche plenamente las oportunidades del mercado global del litio.

El Acuerdo de Asociación, suscrito el 31 de mayo de 2024, establece en detalle los pasos, etapas, derechos, obligaciones, términos y condiciones que rigen la asociación público-privada para la producción de litio refinado en el Salar de Atacama.

El acuerdo distingue dos períodos de funcionamiento:

• Primer Período: desde la Fecha Efectiva de la Asociación hasta el 31 de diciembre de 2030.
• Segundo Período: desde el 1 de enero de 2031 hasta el 31 de diciembre de 2060.

La asociación, conformada por Codelco, a través de su filial Minera Tarar, y SQM, a través de SQM Salar, se hizo efectiva una vez cumplidas todas las exigencias legales, técnicas y ambientales, incluido el respectivo proceso de Consulta Indígena liderado por Corfo.

El cumplimiento de estas condiciones permitió la constitución formal de la sociedad conjunta Nova Andino Litio SpA y el inicio de su gobierno corporativo.

Sí. Para la producción correspondiente al período 2031–2060, el Acuerdo de Asociación establece que el Proyecto Salar Futuro deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Este proceso considerará una Consulta Indígena, que deberá llevar adelante el Estado, respecto de los impactos ambientales susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.

En caso de concluir favorablemente dicha consulta y obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el proyecto podrá iniciar su ejecución antes del término de la presente década, asegurando la continuidad de la producción hasta el año 2060.

Sí. El Acuerdo de Asociación contempla un aumento de la producción de litio mediante mejoras en eficiencia, incorporación de nuevas tecnologías y optimización de las operaciones, sin incrementar la extracción de salmuera ni el uso de agua continental.

• Para el período 2025–2030, se proyecta una producción adicional total de hasta 300 mil toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE).
• Para el período 2031–2060, se contempla una producción anual de entre 280 y 300 mil toneladas de LCE.

No. El Memorándum de Entendimiento y el Acuerdo de Asociación establecen expresamente que los mayores niveles de producción no implican una extracción adicional de salmuera desde el Salar de Atacama, ni un aumento en el uso de agua continental respecto de los consumos actuales.

NovaAndino Litio conjunta impulsará la incorporación de nuevas tecnologías productivas, orientadas a:

• Reducir progresivamente el uso de salmuera del Salar de Atacama.
• Avanzar hacia cero uso de agua continental.
• Disminuir la evaporación de salmueras en pozas, reemplazándola gradualmente por evaporación mecánica.
• Incorporar tecnologías de extracción directa de litio.

Adicionalmente, se contempla la co-construcción de mecanismos de gobernanza socioambiental junto a las comunidades indígenas del área de influencia.

Las comunidades indígenas atacameñas tienen asegurado su derecho a participación y voz mediante distintos niveles de gobernanza intercultural, tanto en materias sociales como ambientales.

Esta gobernanza fue co-construida en un proceso de cerca de dos años, que incluyó más de 100 reuniones. Como parte de los compromisos del Acuerdo de Asociación, se realizó una Consulta Indígena liderada por Corfo, desarrollada entre mayo y septiembre de 2025, la cual abordó 13 ámbitos de las modificaciones al contrato 2025–2030 y del nuevo contrato 2031–2060.

La participación continuará cuando el Proyecto Salar Futuro ingrese al SEIA, instancia en la que se desarrollará la Consulta Indígena del SEA, destinada a evaluar los impactos ambientales y definir las medidas correspondientes.

Los contratos suscritos entre Corfo, Codelco y SQM son vinculantes, vigentes y cuentan con respaldo legal, regulatorio y administrativo. Cualquier modificación requeriría seguir los procedimientos institucionales establecidos, y no puede imponerse de manera unilateral.

Las inversiones asociadas a proyectos mineros de esta magnitud requieren un horizonte de largo plazo. Un período de 30 años es habitual en la industria y permite asegurar la correcta planificación, ejecución y retorno de las inversiones.

El litio no es un bien concesible, por lo que no está sujeto a licitación. El Estado, a través de Codelco, ejerció su derecho como titular de las pertenencias y definió el mecanismo más adecuado para cumplir la Estrategia Nacional del Litio: una asociación público-privada, con control estatal, sustentabilidad ambiental y creación de valor para el país.

El proceso fue público, auditado y validado por la Contraloría General de la República, y no favorece a una empresa privada en particular, sino al Estado de Chile.

Entre los principales hitos que el Acuerdo de Asociación superó de manera satisfactoria se cuentan las aprobaciones otorgadas por autoridades de libre competencia e inversión extranjera en distintos países, las que revisaron la operación y confirmaron su conformidad con las normas de competencia y las buenas prácticas internacionales.

En particular, el acuerdo recibió los vistos buenos de los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, además de la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile, que el 24 de abril de 2025 concluyó que la asociación no afecta la libre competencia.

A nivel sectorial, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) autorizó la cuota de extracción de litio para el período 2031–2060, asegurando la continuidad de la operación bajo un marco regulatorio claro, exigente y sostenible, tanto en el ámbito nacional como internacional.